Como supimos estar en las primeras manifestaciones que se realizaron contra la expansión minera en 2022 y acompañamos las principales marchas en 2023 y 2024, hoy decimos presente cuando el país se desliza hacia un despeñadero autoritario y el gobierno de José Raúl Mulino desprende un tufo dictatorial.
El presidente José Raúl Mulino sacó a la calle al aparato represor del Estado. La cacería incluye a sindicalistas bananeros y de la construcción. En el radar están también los dirigentes del magisterio.
María “Chavela” Isabel Figueroa, directora en la Obra Social de la Federación de la Carne, entre otros cargos, participó en el taller realizado en la Provincia de Entre Ríos del 4 al 6 de junio.
Una nueva manifestación recorrió algunas cuadras de la Avenida Domingo Díaz, popularmente conocida como Vía Tocumen, en la ciudad de Panamá.
La secretaria general del Sindicato Industrial de Trabajadores Gastronómicos, Hoteles, Comercio y Afines (SITGHCA), en diálogo con La Rel analizó la situación política en Panamá.
Conocí a Juan Jované en 2018 en el marco de un Taller sobre Seguridad Alimentaria organizado por la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora (Fuclat) y nuestra Regional. Panameño, economista, catedrático y profesor, se define como un militante.
De Panamá prácticamente no se habla en los medios, pero las manifestaciones que tienen lugar desde hace semanas, que abarcan temas como la minería, la defensa de la soberanía nacional sobre el canal y la reforma de la seguridad social, son las más importantes en muchos años.
En 1947 se fundó la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados y ese día se instauró como el Día del Trabajador de la Carne.
Desde hace décadas el departamento de Paysandú está sometido a un proceso sistemático de desindustrialización. Fuera de la actividad comercial que depende intrínsecamente de los vaivenes económicos de la Argentina, escasean los ámbitos generadores de empleo.
La deriva de protestas dio inició en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019 – 2024). En primer orden, fue ante el aumento del costo de vida, la corrupción endémica y el contrato firmado con Minera Panamá, subsidiaria de la transnacional canadiense First Quantum Minerals, que renovó la concesión del mayor yacimiento de cobre de Centroamérica.